martes, 17 de noviembre de 2015

Estado o Mercado, ¿esa es la cuestión?

A comienzos de este año, cuando el cronograma electoral aún no había dado su puntapié, se cruzaron declaraciones una ministra de la Nación y un encumbrado dirigente industrial acerca de si era necesaria más intervención estatal o más liberalización del mercado. Ahora, en momentos de definiciones políticas transcendentales que pueden afianzar o bien torcer el rumbo del país, este tipo de discusiones se vuelven relevantes para todos los actores de la economía nacional.

El dilema encubre, por supuesto, distintas visiones e intereses y tiene consecuencias directas sobre el manejo de variables macroeconómicas como el tipo de cambio, la fijación de precios o la inversión pública, que a su vez inciden en la vida cotidiana de los 40 millones de argentinos.

Sin embargo, otras perspectivas y prácticas que existen desde tiempos inmemoriales asomaron con notoriedad en los últimos tiempos en nuestro país y en otras latitudes, quizá merced a la debacle de dos paradigmas que tensionaron el siglo XX: el del estado totalitario como patrón único de la economía, primero, y no hace tanto el del mercado absoluto, al menos puesto en discusión en la periferia y con serios problemas de legitimación en los países centrales.

Para ser concretos, en Argentina existen desde hace décadas la autogestión y el asociativismo como propuesta de los propios vecinos, trabajadores, ahorristas y consumidores, es decir, de la ciudadanía organizada en sus diferentes roles para tener mejor calidad de vida.

Esta tercera forma de producir bienes y servicios se encuentra bien distante del centro de gravedad que vertebra el debate político-electoral hoy día, pero es una pieza clave para pensar a mediano plazo los modos de organización económica complementarios, a pequeña y a gran escala, de un mapa redistributivo de la inversión y el consumo cuya extensión ni el sector público ni el sector privado de capital pudieron cubrir in extenso en estos años, aún con un modelo de inclusión como trasfondo.

Se trata de una praxis vigente por sobre aquella dicotomía estatal-mercantil. Aquí y en el resto del mundo, tanto la ayuda mutua como la cooperación son herramientas viables para la producción, distribución y adquisición de bienes aún en los márgenes de una sociedad post-industrial donde predominan los parámetros del individualismo y la libre elección. Por caso, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual reconoce a ese modelo al contemplar la distribución equitativa en tercios de un espectro hasta entonces (y aún hoy, a pesar de dicha ley) concentrado a favor de los grandes capitales.

En nuestro país, en paralelo a la carrera electoral, se dieron muchos debates en el seno del heterogéneo movimiento de la economía solidaria, donde conviven cooperativas de trabajo emergentes con grandes compañías de seguros, mutuales que atienden la salud y empresarios pymes que se asocian para fortalecerse.

Más allá de la diversidad de miradas propia de un actor social tan variopinto como este, existe un consenso general en que en estos años floreció una alianza estratégica entre el sector público y esta porción del sector privado, que sin regirse por el afán de lucro llega a representar cerca del 10 por ciento del PBI nacional y que puede crecer en virtud de esa alianza para cohabitar en condiciones más parejas con el resto de la actividad privada.

Por eso, sin ignorar el debate entre las posiciones de los que están a favor de una economía controlada por el Estado o de los que están a favor de los agentes más poderosos del mercado (esto último que el liberalismo denomina simple y engañosamente el Mercado), tanto los que aspiran a conducir el país como los actores sociales con poder de decisión (la propia economía solidaria tiene la necesidad de constituirse como tal, más temprano que tarde) deben prestar atención a un tipo de empresas que tiene en su esencia, trayectoria y perspectivas a futuro una garantía para la profundización del desarrollo, de la democracia y del bienestar general.

2 comentarios: